Carta de Sevilla 2004

Carta de Sevilla. Por la defensa del patrimonio cultural. Patrimonio y Ciudadanía.

Reunidos en Sevilla para celebrar las IV Encuentro por la Defensa del Patrimonio Cultural durante los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2004, miembros de las entidades de SOS Monuments, Asociación de Defensa Cívica del Patrimonio Cultural, de Barcelona, de la Asociación El Arca de Noé, de Burgos; de Patrimonium, de Madrid, y de Etnólogos en Acción, de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, del Grupo de Expertos, Arquitectura y Compromiso Social, de la Plataforma Ciudadana por los Jardines y Parques de Sevilla, Asociación de Defensa del Patrimonio Andaluz, y la Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Ben Baso, estas dos últimas como anfitrionas, manifiestan.

1.-Consideraciones generales

La situación que presenta el Patrimonio cultural, en toda la riqueza de su concepto, es, a nuestro juicio, cada vez más preocupante. La proliferación de normativas y textos legislativos encaminados a defender y salvaguardar el rico legado que nos han transmitido las generaciones que nos han precedido, no ha evitado que se mantenga una línea de deterioro y destrucción de todo tipo de elementos patrimoniales.

Cualquier repaso a las ediciones más recientes de la prensa local, nacional e internacional, encontrará ejemplos que ilustran esta tesis en cierto modo pesimista, es cierto, pero no se puede ser optimista cuándo las pérdidas son irreversibles y aún más cuando la responsabilidad de las mismas es de las instituciones públicas y también de la ciudadanía. Las imágenes de la destrucción y saqueo de los museos y zonas arqueológicas iraquíes en estos últimos meses quizás sean una muestra extrema y radical, si no fuera porque la destrucción de vidas humanas es siempre la peor de las pérdidas de nuestro patrimonio. Pero junto a estas destrucciones catastróficas existen en mayor número y asiduidad las destrucciones cotidianas como el constante derribo de edificios catalogados o de interés como los corrales de vecinos en Sevilla, las intervenciones agresivas y reconstrucciones falsificadoras de los monumentos, la potenciación mediática de determinados espacios culturales hasta convertirlos en auténticos parques temáticos para el turista, el abandono de una buena labor de difusión y educación en torno al Patrimonio, el divorcio escandaloso de educación y cultura, etc…

Quienes venimos participando en asociaciones de defensa del Patrimonio, comprobamos la soledad e, incluso, una cierta esterilidad de nuestra lucha, cuando no la abierta incomprensión y manifiesta hostilidad de ciertos sectores políticos y profesionales que, al tildarnos de conservacionistas, pretenden deslegitimar nuestros planteamientos, ofreciendo a la opinión pública la imagen de que la defensa del Patrimonio se enfrenta con la renovación y modernización del paisaje urbano.

Nuestra posición suele ser incómoda porque nos oponemos a la destrucción de elementos del Patrimonio cultural, frente a intereses privados, especulativos, que, a veces, vienen acompañados por el silencio cómplice de cierta intelectualidad altiva y distante. Nos parece lamentable la pérdida de espacios con siglos de Historia, porque son parte de cada ciudad, de cada barrio, y porque su sustitución por otros elementos más novedosos y modernos, en muchas ocasiones, no aporta absolutamente nada, ya que desnaturaliza los contextos y los convierte en extraños a los ojos de los vecinos.

Queremos conservar el Patrimonio histórico y artístico, para no tener después que lamentarnos y reinventarlo. Consideramos que no existe ningún Patrimonio cultural sin autenticidad, ya que son los ciudadanos precisamente quienes dan carta de autenticidad al mismo, como principales usuarios, viviendo y renovando nuestra historia.

La defensa del Patrimonio cultural es hoy en día un elemento fundamental en la formación de una ciudadanía crítica, participativa, que cree en que otros modelos de hacer ciudad, de hacer paisajes son posibles.

En este sentido, la proliferación de nuevas asociaciones y colectivos de defensa del Patrimonio cultural por todo el Estado parece corroborar estas tesis; a esto contribuye tanto la idea de que la herencia de los valores culturales no debe estar en su mejor momento cuando tantos salimos a la calle a defenderlo, como el argumento de que patrimonio cultural y participación ciudadana van interrelacionados y que la participación honesta de los ciudadanos es la que puede salvar de los intereses individuales y, a veces, perversos a los que está sometido el Patrimonio. En efecto, han pasado los días en que los monumentos y su protección era una cuestión que concernía solo a una minoría de grandes.

Hoy en día la labor que desarrollamos los movimientos ciudadanos preocupados por el Patrimonio se relaciona, cada vez más, con la denuncia pública de su deterioro, pero, sobre todo, con la difusión de sus valores, con el principal objetivo de desarrollar entre la ciudadanía la conciencia de la responsabilidad común de su conservación, en especial la del Patrimonio menos monumental y de otra escala más cercana: los barrios y los elementos que los caracterizan, sin olvidarnos de la atención a aquellos espacios que la arqueología nos ofrece en cada excavación nueva, y de la defensa de los llamados Bienes de Interés Cultural –BIC- cuya protección basada en un texto legal no es suficiente garantía para su mantenimiento y disfrute por la ciudadanía.

Por último, cabe preguntarse en esta introducción si el incremento de asociaciones y acciones en la defensa del Patrimonio no es fiel reflejo de la preocupante actitud de la Administración competente en temas patrimoniales. No es una novedad indicar ahora que muchas decisiones administrativas no son compartidas ni comprendidas, que en muchas ocasiones son nuestras voces las que advierten a la administración del abandono, del expolio o de la destrucción del Patrimonio, y que en tantas otras no encontramos la sensibilidad y las ideas claras que querríamos ver en quienes deberían fomentar una cultura de defensa del Patrimonio.

2. ¿Qué hacen las Administraciones Públicas?

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”Artº 46 de la Constitución Española.

El artículo 46 de la Constitución recoge la defensa del Patrimonio por parte de los poderes públicos, de ahí su responsabilidad en primer lugar cuando desaparece, se maltrata o se abandona cualquier recurso patrimonial.
Entendemos que dicha responsabilidad se extiende a tres aspectos fundamentales de la política de defensa del Patrimonio cultural: la vigilancia ante los desmanes y atentados contra éste; la necesaria actuación para sancionarlos y prevenir nuevos daños y, por último, la imprescindible educación de la ciudadanía para que sea una realidad el disfrute y valoración del Patrimonio por todos.
Sin embargo, no parece que se alcancen estos objetivos por parte de las administraciones competentes. Es más, a menudo tenemos que luchar contra ellas para recordarles sus funciones, protestar ante muchas de sus actuaciones, sus silencios, su lentitud o su permisividad ante el lamentable deterioro del Patrimonio cultural. De todo ello extraemos las siguientes consideraciones:

• Las administraciones públicas deben dar ejemplo del cumplimiento estricto de las leyes de Patrimonio histórico y artístico. Así, ciertas actuaciones en la provincia de Sevilla (Palacio de San Telmo, yacimiento del Carambolo, solar de la Encarnación, Palacio Arzobispal, San Laureano, Salón de Écija, entre otros) nos preocupan dado que generan polémicas y dudas razonables acerca del cumplimiento de la Ley, rigurosa para el ciudadano en tantas ocasiones, pero laxa para la Administración en tantas otras.

• Las administraciones deben, asimismo, dar ejemplo cuidando su propio Patrimonio, aquel que jurídicamente les pertenece. Valgan como ejemplos los casos de abandono, descuido y mal uso del Hospital de San Lázaro, el ex convento de San Agustín, el Hospital de los Viejos, la Casa de los Leones, los Jardines de las Delicias o el Parque de María Luisa en la ciudad de Sevilla.

• La financiación de las administraciones locales depende cada vez más y con mayor exclusividad de los planes urbanísticos, de los usos del suelo proyectados, y ello está perjudicando cada vez más al Patrimonio arquitectónico, colocado en posición secundaria tras los intereses de promotores inmobiliarios cuya voracidad de suelo parece no tener límites. Es urgente una modificación de la financiación municipal que no deje a nuestros ayuntamientos a merced de los intereses de pocos, en detrimento del derecho de todos a nuestro Patrimonio.

• La administración se rodea de un cierto oscurantismo en sus actuaciones. Cada vez son mayores las dificultades para acceder a proyectos y planes cuya ejecución repercute en toda la ciudadanía. Los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales o Especiales, se realizan a través de informaciones públicas que cuando no coinciden en el mes de agosto, son pergeñadas a través de un lenguaje y unos planos que por su grado de abstracción y cripticidad dejan amplios márgenes de interpretación a sus autores y que después una vez aprobados inicialmente se convierten en inmodificables, llevándose a la práctica a través de unas informaciones públicas sordas y con el carácter de la política de los hechos consumados.

• El oscurantismo oficial suele venir en otras ocasiones acompañado de silencios administrativos, innecesarios procesos interminables, expedientes de incoación de los BIC que se culminan al cabo de los años cuando el Bien a proteger ya no existe o se encuentra en un estado de recuperación ruinosa e irreversible. Es necesaria una reforma de la normativa que recoja una cautela apropiada cuando se incoa un expediente. El Patrimonio cultural es un bien débil, que no puede sufrir procesos interminables y oscuros. Como ayer en la Historia de España, son necesarios “luz y taquígrafos”.

• Es preciso que se produzca una mayor implicación de las instituciones ejecutivas y judiciales en la defensa del Patrimonio, desarrollando una formación específica en legislación patrimonial y medioambiental entre jueces y fiscales.

• Debe reformarse y actualizarse la Ley de Patrimonio con objeto de que se atiendan convenientemente cuestiones que no están bien tratadas en dicha normativa, tales como los aspectos relativos a la presión y la “contaminación” turística, la conservación de las pátinas, la pérdida de las texturas en los muros, el excesivo intervencionismo, cuando no la agresividad en muchos bienes con actuaciones con criterio por contraste y con materiales modernos, la participación ciudadana en la defensa del Patrimonio, etc.

• Los poderes públicos, en este sentido, deben potenciar y garantizar una participación real y efectiva de los ciudadanos, con voz y voto en las Comisiones pertinentes a los diversos niveles, considerando que es la ciudadanía quien legitima, en última instancia, las actuaciones de las administraciones.

• Para garantizar el disfrute y el conocimiento de nuestro Patrimonio cultural las administraciones deben dar la mayor publicidad al Catálogo de Bienes de Interés Cultural de cada provincia, indicando las condiciones de acceso gratuito para los ciudadanos establecido por la ley.

• En el mismo sentido, debe confeccionarse una Base de Datos en cada localidad que recoja los niveles de protección en edificios y espacios urbanos y rurales. La difusión de esta base de datos es fundamental para conseguir una eficaz protección del patrimonio.

• Las administraciones competentes tienen que garantizar la educación patrimonial en las escuelas y en la calle para niños, jóvenes y adultos.

3. ¿Qué hace la ciudadanía?

“Nuestras calles y nuestras casas son el archivo de nuestras vidas…”
Francisca Pantoja, vecina del Barrio del Retiro Obrero, en la 1ª Jornada de la Asociación Histórica Retiro Obrero, 21 Enero de 2005.
• La ciudadanía reclama su derecho a conocer y disfrutar de su patrimonio, para así valorarlo, quererlo y conservarlo para generaciones futuras.

• La ciudadanía debe reclamar su derecho a participar en la defensa activa del Patrimonio cultural, en todos los ámbitos de decisión y en las diversas etapas de desarrollo y gestión, considerando que las modificaciones del Patrimonio afectan a todos los ciudadanos y repercuten de manera fundamental en las sociedades futuras. Una de las no pequeñas ventajas de tal participación es el ahorro en las actuaciones que a menudo se llevan a cabo con un derroche de medios y necesidades difíciles de justificar.

• La protección del patrimonio constituye un deber ético, de carácter irrenunciable, dado que la destrucción de los valores patrimoniales culturales impide cualquier lectura crítica del pasado y con ello la interpretación del presente y las posibilidades de un futuro mejor.

• Los ciudadanos mantenemos una relación indisoluble con nuestras ciudades, somos parte del Patrimonio cultural y, por ello, debemos defender en nuestras ciudades, la dimensión pública y patrimonial de la ciudad, gestionada en la actualidad con criterios muy alejados de los ciudadanos y a menudo a espaldas de ellos.

• Los ciudadanos somos memoria viva, de ahí la legitimidad de la resistencia a la violación brutal de la memoria que suponen cuantas actuaciones urbanísticas destrozan la memoria colectiva, el espacio lentamente construido por las generaciones anteriores.

• Los ciudadanos debemos reconocer que muchas de nuestras prioridades particulares (por ejemplo, la del coche privado en detrimento del transporte público) alimenta la cadena destructiva del Patrimonio, alentando las prioridades urbanísticas de las administraciones. Casi nadie quiere vivir sin coche, el servicio público parece no ser estimado, ni considerado como necesario; la pérdida del valor de lo común y de lo público es alarmante…apostar por lo individual es la opción de la mayoría de la población.

• Ha de quedar claro que la defensa que asumimos de los derechos que corresponden a la ciudadanía no tiene nada en común con la defensa de los intereses privados o corporativos por muy respetables que estos sean, sino solo de intereses claramente colectivos como avala la amplia trayectoria de cada una de las entidades firmantes. Y es esta defensa de los intereses colectivos la que nos otorga nuestra fuerza moral, un capital social de valor incalculable en nuestro tipo de sociedad neoliberal y que tanto preocupa a nuestras administraciones que sin valorar las posibilidades de colaboración que les ofrecemos, ni que sea de forma crítica, a veces pretenden descalificarnos acusándonos como defensores de intereses personales o políticos, sin comprender que nuestra independencia es el complemento de la fuerza de nuestro contrapoder.

• Este concepto de Patrimonio cultural es una cuestión que aún no ha calado entre la ciudadanía, acostumbrada a la admiración de los grandes conjuntos monumentales y a su correspondiente valoración social y despreciando el valor patrimonial de lo pequeño, lo cotidiano, lo típico y menos monumental y desconociendo el valor de lo intangible o inmaterial muchas veces.

• Sólo la conjunción de la difusión del Patrimonio cultural y la coordinación de las acciones en su defensa están ofreciendo en los últimos meses muestras de ofrecer una vía eficaz de lucha frente actuaciones indebidas de las administraciones y de cara a la opinión pública. Es fundamental que reconozcamos que la difusión es un arma de defensa imprescindible, dado que se defiende mejor aquello que conocemos y amamos.

• La ciudadanía es corresponsable de la educación patrimonial en los ámbitos en los que participa. Desde la familia, la comunidad de vecinos, el barrio, etc. son muy diversos los ámbitos en los que debemos desarrollar una educación del Patrimonio, dado que hábitos cotidianos como el reciclaje de residuos, el respeto de lo público o la denuncia de los atentados contra el Patrimonio cultural constituyen hitos sencillos, pero necesarios, en la educación ciudadana.

• La defensa del Patrimonio histórico y artístico, por tanto cultural, no debe ser una tarea exclusiva de las administraciones. Si el Patrimonio es de todos, su defensa y la educación de los más jóvenes en estos valores, también debe serlo.

• Más allá de unos criterios influenciados por nuestra especialización profesional, como arquitectos, historiadores, etc., hay que defender y promover el respeto a los criterios propios de las comunidades o grupos ciudadanos que se movilizan por la defensa de su patrimonio cultural a partir de sus experiencias directas y vivencias cotidianas.

4. Un diagnóstico de la ciudad. Problemas más urgentes y propuestas de resolución.
• La política de intervención en los centros históricos que se sigue en gran parte de nuestras ciudades, como la que se ha podido constatar aquí en Sevilla, es que con la falsa excusa del saneamiento y esponjamiento de los mismos, se procede al derribo de las casas antiguas y la sustitución de la trama de calles tradicionales por aberturas de vías y avenidas con edificaciones residenciales para una nueva clase social de mayores rentas y con oficinas, restaurantes, tiendas y servicios que terciarizan los antiguos barrios residenciales populares.

Frente a este modo de entender la modernización de los cascos antiguos es necesario defender dos objetivos fundamentales de conservación de los mismos consistentes en la mejora de su habitabilidad y la defensa de su peatonalización.

• La mejora de la habitabilidad pasa en primer lugar por la permanencia de los residentes antiguos en sus viviendas como condición inexcusable de salvaguarda de sus propias vidas al tratarse de gente mayor en se mayoría y de escasos recursos económicos para reiniciar nuevos derroteros existenciales.

En segundo lugar el saneamiento y mejora de las viviendas mediante unas rehabilitaciones que las doten de servicios adecuados

En tercer lugar la restauración de los espacios públicos con especial cuidado del mobiliario urbano, los jardines y el arbolado, patrimonio vegetal estos últimos esencial para humanizar y embellecer del modo más económico las calles y plazas.

 • Respecto a la peatonalización de los centros históricos cabe afrontar el ordenamiento del tráfico urbano y dada la incapacidad de dejar libre acceso a los coches en el entramado de calles estrechas, hay que restringir su uso de modo decido mediante políticas de reeducación social y regulación estricta de accesibilidad a los residentes y servicios.

La propia estructura de las calles, la seguridad del peatón y la salud mental y espiritual de los residentes y los transeúntes exigen la reconquista de la calle por el peatón. Recuperación del espacio, de la tranquilidad y del silencio que el automóvil con su tamaño, su velocidad agresiva, su contaminación acústica y ambiental destruye.

Tipos de transporte públicos modernos y adecuados pueden servir para mantener la accesibilidad necesaria de los centros históricos.

En cualquier caso, la suspensión de las políticas de creación de aparcamientos públicos subterráneos en las plazas y espacios centrales de los cascos antiguos deben tomarse definitivamente, en especial los rotatorios. A la par que destruyen los jardines y arbolados históricos de gran valor paisajístico, provocan un mayor colapso del tránsito rodado al aumentar la atracción que ejerce el poder aparcar, pero que impide la imposibilidad de ampliación de las calles que acceden al aparcamiento.

• Al centro de la ciudad se le está forzando: la capacidad de acogida está más que superada en cuanto a obras se refiere; para llevar a cabo nuevas edificaciones o bien rehabilitaciones de las mismas se horada el vientre de la ciudad para hacer grandes aparcamientos que parecen satisfacer la soberbia intelectual de algunos profesionales que han visto en las intervenciones en espacios históricos una buena forma de pasar a la posteridad, y creen que la ciudad no es para vivir sino para que la comunidad “de los elegidos” pueda jugar perversamente, teorizar y publicar.

• Las administraciones competentes, por desgracia, muchas veces sin formación patrimonial y/o en otras con intereses económicos ayudan y apoyan con sus políticas los procesos especulativos, de forma que el que ve cambiada desde su forma de vivir hasta su economía es el ciudadano.

• La realización de investigaciones arqueológicas es una condición fundamental previa a cualquier proyecto arquitectónico. No se debe entender al revés, dado que en la actualidad se realizan las prospecciones arqueológicas cuando los proyectos arquitectónicos ya están redactados, y su modificación en función de los hallazgos y su conservación representa un complejísimo problema que viene a condicionar gravemente los debates. La situación en Sevilla del solar de la Encarnación y de las murallas almohades de la calle San Fernando, o del Salón en Écija, son ejemplos ilustrativos de esta tesis y otras tantas actuaciones en pequeños solares con grandes hallazgos que ni siquiera trascienden a la opinión pública.

• En consonancia con la idea anterior, los cascos históricos al ser archivo de nuestro pasado, guardan restos no sólo arqueológicos, sino también botánicos, faunísticos, edafológicos, etc. Las ciudades, al horadar el subsuelo para levantar aparcamientos, destrozan el patrimonio cultural, priorizan el coche privado por encima del transporte público y comprometen usos públicos futuros. Ahí tenemos los ejemplos sevillanos del aparcamiento del Cristina y sus consecuencias sobre los Jardines, y los restos arqueológicos abandonados y el diseño del metropolitano comprometido, o el del futuro aparcamiento en el subsuelo del ex convento de San Laureano (este último verdadero mal ejemplo de cómo rehabilitar un edificio que reúne todas las circunstancias para ser Bien de Interés Cultural). En la actualidad muchas ciudades históricas ofrecen otras soluciones como alternativas: transporte público, centros peatonales, aparcamientos periféricos, aparcamientos en altura en edificios destinados a este fin, tranvías eléctricos.

• Los restos arqueológicos conservados tras una excavación previa al desarrollo de un proyecto arquitectónico se mantienen abandonados en la mayoría de los casos, incumpliendo de esta manera no sólo compromisos con la ciudadanía sino con la propia normativa. En Sevilla es especialmente dolorosa la situación de la cripta con los restos del Castillo de la Inquisición, muda tras numerosas promesas de apertura al público, o el caso de los alfares hallados y conservados en el aparcamiento del Cristina, sin una simple cartela explicativa que los identifique.

• Más grave es la situación de aquellos restos arqueológicos que no se conservan in situ y deben ser trasladados al Museo Arqueológico o a otras dependencias de la Administración. Se amontonan las cajas con restos de todo tipo en almacenes y sótanos, sin proyectos de exposición o de trabajo de investigación. Hay que pensar en su exposición, con todas las garantías, en otros espacios, una vez estudiados por los especialistas. Ahí están las propuestas de centros cívicos, museos locales, centros educativos, etc.

• Es necesario el mantenimiento de las tramas urbanas históricas: no se deben desarrollar ensanchamientos, alineamientos de fachadas, etc. pensados para aumentar el tráfico de vehículos o para aumentar los espacios comerciales. Valgan como ejemplos próximos las amenazas que se ciernen sobre el Retiro Obrero, o las demoliciones de unifamiliares en Nervión y su sustitución por bloques de pisos. Al respecto hay que recordar que muchos barrios construidos durante el siglo XX, así como las periferias urbanas, también poseen valores culturales, diferentes a los propios del sector intramuros, pero con su singularidad.

• Hay que prever en la ciudad espacios públicos para la sociabilidad, que sólo tengan como objetivo el consumo placentero del tiempo, en donde los vecinos y otros ciudadanos puedan estar, descansar, relacionarse, y en la que los niños puedan jugar.

• Al mismo tiempo, los espacios públicos que gana el peatón deben ser para el disfrute colectivo y no para el desarrollo abusivo de actividades comerciales que expulsan al peatón de determinadas áreas. La especialización turística de barrios como el de Santa Cruz y parte del de Triana en Sevilla, llega a acosar al paseante con el abuso de mostradores y expositores en la calle, colmatación de plazuelas y acerados con veladores, que incluso llegan a imposibilitar el paso, etc. (Mateos Gago, Los Venerables, Altamira, Betis, Plaza de Sta. Ana, etc. todos ejemplos
que se repiten en muchos otros centros históricos de gran afluencia turística)

• Para que se produzca una eficaz vigilancia y protección del Patrimonio vendría a ser conveniente la creación de un Cuerpo de Inspectores con responsabilidad específica en cuestiones urbanísticas, patrimoniales, usos, accesibilidad, etc.

• En este sentido, preocupa cada vez más la alta contaminación turística de muchos de nuestros barrios, desnaturalizados al convertirse en decorados de la hiperespecialización del mercado turístico. Es lamentable el aspecto de espacios como la plaza de los Venerables, presidida por un BIC, o la plazuela de Doña Elvira.

• Hay que denunciar una vez más la privatización de espacios públicos que se está produciendo en el urbanismo sevillano. La excusa de la inseguridad ciudadana ha condicionado el debate del cierre de los adarves de origen musulmán (Galindo, Gandesa, Oropesa y muchos más), así como el gravísimo cierre del Patio de los Naranjos de la Catedral sevillana tras siglos de apertura pública, con cierre nocturno exclusivamente.

• Por otra parte, la interpretación rigurosa de la normativa en muchos casos, por parte de la administración competente, agrava la situación del Bien a proteger, cuando no se ofrecen alternativas a la ciudadanía para su disfrute. El caso del singular templete mudéjar de San Onofre en las afueras de Sevilla es un ejemplo llamativo de esta situación: rodeado de autopista, carretera, tren y canal, presenta un acceso peligroso para los vecinos, que vienen solicitando el traslado del templete ante la imposibilidad de trasladar las infraestructuras antes citadas.

• Asimismo, nos resulta preocupante la situación del Paisaje Publico de las márgenes del río Guadalquivir, privatizadas en su uso a su paso por la ciudad. En este sentido, mencionamos la ocupación de sus márgenes por los barcos de recreo en los alrededores de la Torre del Oro, mientras que en la Calle Betis se procede a la construcción de un restaurante-kiosco con ocupación de suelo público y un gran impacto visual, denunciado por los vecinos de la calle.

• Por último, comentemos también el abandono del mobiliario urbano antedicho, tanto en su descuido una vez instalado, como en la falta de sensibilidad acerca de cuáles sean los modelos más adecuados para una ciudad con un importante Patrimonio. En Sevilla son numerosos los casos de contenedores de escombros y basuras junto a Bienes de Interés Cultural, provocando un fuerte impacto visual, o el caso más reciente de los modernos sistemas de recogida neumática de basuras domésticas instalados en el centro de la ciudad y que han sido contestados tanto por su estética, como por su ubicación.

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